Cómo frenar los abusos en los ficheros de morosos | Peculio



La inclusión indebida en un fichero de morosos no solo es un calvario individual, incluso es un problema colectivo. El despotismo de este memorial por parte de las compañías ha llegado a tal punto que en 2017 fue la causa que más sanciones originó por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): una de cada tres. Encima, según datos del propio organismo, el año pasado fue, anejo con la contratación fraudulenta, una de las áreas con veterano valía mundial de multas con 3,84 millones de euros.

Las quejas por estos excesos no solo han sido objeto de atención por parte del Defensor del Pueblo, incluso son un asunto habitual en los juzgados. Por desgracia, a pesar de las garantías previstas en el sistema, siguen dándose casos de personas que tienen que batallar para salir de un lista en el que nunca debieron estar, padeciendo las consecuencias de cargar con la formalidad de ser un mal pagador.

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), vivo desde diciembre, endureció las condiciones de los ficheros, aunque, según apuntan los expertos, aún es pronto para valorar su impacto. En España, los registros de morosos existen como una útil de evaluación de la solvencia. No hay un único fichero, sino varios, gestionados, entre otros, por Asnef, Equifax o Experian. Estar en una de estas listas alerta a las compañías asociadas (bancos, entidades de seguros o compañías de servicios) de la desaparecido fiabilidad del futuro cliente y es un motivo para desestimar préstamos, tarjetas o compras a plazos. La propia ley de crédito al consumo obliga a las empresas a evaluar a los consumidores.

Como explica Miguel Geijo, socio de Broseta, los ficheros son, previamente, una “buena útil” que asegura a finalidades legítimas como evitar el sobreendeudamiento de los consumidores, promover el crédito responsable o allanar la valoración de los clientes. El problema surge, sin confiscación, porque existe “cierta tendencia a utilizarlos como medio de presión para cobrar facturas”. Frente a las bondades del sistema, los riesgos son muy elevados, entregado que afecta a datos personales de carácter sensible y un error puede causar perjuicios graves.

La LOPD reconoce la legitimidad de estos ficheros, ahora llamados “sistemas de información crediticia”, y presume su licitud siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. En primer espacio, que haya una deuda “cierta, vencida y exigible”, y mayor de 50 euros. Ayer no había cuantía mínima y podían incluir a cualquiera por deber solo un euro. Encima, la cantidad no debe estar siendo reclamada sumarial, administrativa o arbitralmente. En segundo término, que se haya informado al afectado sobre la posibilidad de inclusión en el fichero, en el resolución o en el momento de requerir el plazo, y, entre otras garantías, que no hayan transcurrido más de cinco abriles desde que venció la obligación.

Buenos pagadores

La reglamento sobre protección de datos no contempla los llamados ficheros de buenos pagadores, aquellos que contienen información positiva sobre el buen comportamiento de plazo del cliente. Esta útil, que ya funciona en países de nuestro entorno, según muchos operadores financieros, sería muy útil para mejorar la evaluación de riesgos y, encima, abarataría el crédito. La nueva ley de crédito inmobiliario, sin confiscación, abre la puerta para estos listados al habilitar a los prestamistas a comunicar datos positivos a las oficinas privadas de información crediticia.

Los motivos más frecuentes por los que se sanciona a las entidades (acreedores y gestores del fichero, que son corresponsables) son, precisamente, no acreditar el requerimiento de plazo e incluir una deuda que ya está reclamada o que no es cierta.

Entre las novedades de la ley, Geijo destaca que ya no se exige doble trámite de información al afectado. Ayer, se debía comunicar la posible inclusión en el fichero tanto en el resolución como en el requerimiento de plazo. Ahora, hilván que se haya llevado a punta en uno de estos dos momentos, por lo que va a ser más sencillo cumplir el requisito. Muchas de las sanciones se debían a que no se podía probar que el requerimiento se había llevado a punta correctamente. En todo caso, relata el culto, la información es una de las piedras angulares del sistema. Prueba de ello es que el fichero debe comunicar al afectado su inclusión y asediar los datos durante 30 días, plazo que se le da para impugnarlos.

Para el jurista, gran parte de la problemática de altas incorrectas “tiene que ver con procedimientos internos de los partícipes, que no lo tienen perfectamente protocolizado, o, simplemente, no dan abasto”. Igualmente con fallos en las medidas de seguridad en la contratación online. Sin confiscación, “en los últimos 20 abriles se han profesionalizado mucho”, gracias incluso a la bordadura de la AEPD, lo que ha hecho que desciendan las sanciones.

A la multa administrativa por una inclusión abusiva en un fichero se puede sumar una cuantiosa indemnización por daños patrimoniales y morales al afectado. Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Franquista han generado una extensa derecho al respecto. Para su cuantificación, no se tiene en cuenta la escasa cuantía de la deuda porque, según el Supremo, el daño ético en estos casos “no admite condenas simbólicas”.

Siquiera la AEPD considera la deuda determinante para fijar la castigo. Como afirma José Luis Piñar, of counsel de CMS Albiñana & Suárez de Lezo y exdirector del organismo regulador, se evalúa, entre otras cuestiones, la error de diligencia, la reincidencia, el tiempo de reacción, etcétera. Encima de las garantías específicas, señala, es “muy importante” el principio de responsabilidad proactiva del nuevo reglamento europeo, que exige a las empresas tomar medidas para asegurar y acreditar el cumplimiento.

Según afirma Piñar, tal y como está diseñado el maniquí de registros de morosos, con la contemporáneo exigencia de que no se puedan incorporar deudas inferiores a 50 euros (“que afecta a cientos de miles de personas”) y la disminución de un año para que sea obligatoria la asesinato de los datos del deudor (de seis a cinco), España es “uno de los países donde mejor funcionan los sistemas de información crediticia”. Una percepción que, al menos de momento, no es la que tienen la mayoría de los ciudadanos.



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