El Supremo anula una multa de Competencia a Telefónica por 25,8 millones | Bienes



El Tribunal Supremo ha anulado una legitimación de 25,8 millones de euros que la Comisión Franquista de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2014 a Telefónica por los compromisos de permanencia que tenía en sus contratos para pequeñas y medianas empresas. La CNMC consideró que estas condiciones limitaban «injustificadamente la capacidad de los clientes de cambiar de cirujano».

Telefónica recurrió la sanción en primer lugar a la Audiencia Nacional y ganó. La Derecho del Estado presentó un medio de casación que ahora ha rechazado el Tribunal Supremo. Según la sentencia, del 18 de febrero pasado, «no se ha probado que la conducta de Telefónica con la puesta en marcha de los contratos de servicios de comunicaciones PREMIUM exclusivo PYMES, para la fidelización de sus clientes constituya una restricción de la competencia para apreciar el ilícito chupatintas». El parecer señala que la apreciación de la CNMC «no resulta debidamente fundada ni justificada».

El Tribunal Supremo considera que la concierto de la operadora no afecta a la vacante competencia, y no infringe la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tal y como sostenía la CNMC. El abogado del Estado que llevó el caso solicitó sugerir una cuestión prejudicial en presencia de el Tribunal de Jurisprudencia europeo para que fijara justicia, pero el Supremo considera que «no procede» por «no existir dudas» sobre la interpretación de los preceptos legales.

La cláusula de permanencia introducida por Telefónica forma parte de la relación entre los operadores de telefonía móvil y sus abonados, y no limita la capacidad de los clientes para cambiar de compañía, ya que las condiciones se pactan de antemano, asegura el tribunal.

La CNMC explicó cuando anunció que imponía la legitimación a la compañía que los compromisos de permanencia incluidos en los «Contratos Premium exclusivo PYME», vigentes desde 2006, estaban vinculados a descuentos sobre las tarifas y tenían una duración original de 12, 18 ó 24 meses. La permanencia se prorrogaba automáticamente y las penalizaciones eran «crecientes», según el organismo de competencia.

La Audiencia Franquista dio la razón a la operadora, al considerar que esos contratos no constituían una restricción tieso en un sentido crematístico, ya que las empresas que los firman no están situadas en ningún punto del proceso de producción o de distribución, sino que son consumidores del servicio. “Los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto”, señaló la sentencia.

En lo que va de año, es la segunda multa de veterano cuantía que el Tribunal Supremo le anula a la CNMC, a posteriori de que en enero una sentencia tumbara otra sanción a varias compañías telefónicas de 120 millones de euros.



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